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El caso de Miguel Uribe Turbay: Fiscalía lo califica como crimen de lesa humanidad en Colombia

La Fiscalía General de la Nación comunicó que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay será examinado como un crimen de lesa humanidad, asegurando que el caso no caduque y siga en curso hasta aclarar todas las implicaciones. Esta resolución representa un punto crucial en la investigación, aumentando la seriedad del asunto y situándolo al mismo nivel que otros magnicidios históricos en Colombia.

El asesinato de Uribe Turbay, llevado a cabo en un atentado contra el dirigente político del Centro Democrático, fue considerado por las autoridades judiciales como una agresión organizada con intenciones políticas, y no como un evento aislado. Esta clasificación conlleva que tanto la investigación como las posibles penas legales no estén sujetas a prescripción, garantizando así un monitoreo constante hasta el completo esclarecimiento del delito.

Información sobre los acusados y el progreso del juicio

Hasta el momento, la Fiscalía ha procesado a cuatro de los implicados en el homicidio bajo la figura de homicidio agravado. Entre ellos se encuentra alias “el Costeño”, señalado como el determinador material del ataque; alias “Claro”; alias “Andrea” o “Gabriela”, quien habría entregado el arma al sicario menor de edad; y Cristian Camilo González, conductor de la motocicleta utilizada para escapar tras el atentado. Además, William Fernando González, alias “el Hermano”, fue formalmente señalado por su participación en el ataque.

Dos de los detenidos enfrentan cargos adicionales por concierto para delinquir, por presunta organización previa del crimen. Las penas previstas para estos delitos oscilan entre 33 y 50 años de prisión, reflejando la gravedad de los hechos. Las autoridades continúan investigando quién ordenó el atentado, mientras la sociedad colombiana exige justicia y esclarecimiento total.

Crímenes de lesa humanidad: significado y dimensión en Colombia

En Colombia, se considera crimen de lesa humanidad a una acción sumamente grave realizada como parte de un ataque amplio o sistemático dirigido contra la población civil. Estos actos criminales abarcan asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, deportaciones, desplazamientos forzados, agresiones sexuales y persecuciones por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al que Colombia pertenece, define y estipula que estos delitos no tienen caducidad, permitiendo que los implicados sean perseguidos y sentenciados en cualquier momento. La esencia principal es que las acciones formen un esquema planificado y sistemático, orientado hacia civiles, sin tener en cuenta la presencia de conflictos bélicos o guerras.

Señales distintivas entre un crimen de lesa humanidad y un homicidio común

Los expertos destacan tres criterios esenciales para identificar un crimen de lesa humanidad:

  • Contexto: los actos ocurren como parte de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil. No se trata de incidentes aislados ni accidentales.
  • Magnitud: involucran múltiples y graves violaciones, como asesinatos masivos, torturas o desapariciones forzadas, generando impactos significativos sobre la sociedad.
  • Intención: buscan afectar de manera deliberada a un grupo específico, motivados por razones políticas, ideológicas, étnicas, religiosas o de persecución. En el caso de Uribe Turbay, se trata de un ataque directo contra líderes y seguidores de un partido político, con el objetivo de debilitar su representación y generar miedo entre la población afín.

Implicaciones legales y políticas

La calificación de este asesinato como crimen de lesa humanidad eleva su relevancia frente a otros magnicidios ocurridos en Colombia, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos procesos judiciales se extendieron durante décadas. La Fiscalía enfatiza que esta categorización asegura que las investigaciones continúen activas, manteniendo la exigencia de justicia ante la sociedad.

El abogado Víctor Mosquera, quien actúa en nombre de la familia Uribe Turbay, destacó que “esto no fue un incidente aislado, sino un ataque sistemático dirigido a un líder opositor, con consecuencias políticas directas que pretendían impactar a un partido completo”. Esta visión resalta la seriedad del asunto y enfatiza la importancia de clarificar las responsabilidades de todos los involucrados y de quienes ordenaron el crimen.

Por Melissa Andreina Mendoza Araujo

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